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La guerra del gas LP en México: cómo operan las mafias del 'gaschicol' que asedian a la población y ponen contra la pared al Gobierno

La delincuencia y el crimen organizado han encontrado en el robo de este recurso un nuevo refugio, tras el combate que hizo el Estado contra el 'huachicoleo' de combustible. ¿Qué puede pasar?

23 julio 2021 |

El Gobierno de México presentó a principios de julio un plan para crear una nueva empresa que estará a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Gas Bienestar, con el objetivo de distribuir gas licuado del petróleo (LP, que se obtiene de la refinación y las plantas procesadoras de gas natural, compuesto de butano y propano) a un "precio justo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que la empresa comenzará operaciones en octubre próximo en la Ciudad de México. Especialistas consultados por RT aseguran que la medida gubernamental responde al incumplimiento del compromiso de las empresas privadas de mantener bajo el precio del combustible y no aumentarlo más allá de la inflación.

De acuerdo con los datos más recientes publicados por el INEGI, la inflación acumulada del gas LP en lo que va de este año alcanzó un 20,5 %. Únicamente si se compara junio con respecto a mayo, el incremento fue de un 2,91 %, el segundo producto con mayor incidencia en el nivel general de precios.

La propuesta del Gobierno es vender cilindros de gas LP de 20 y 30 kilogramos a precios bajos a través de una empresa administrada por Pemex, que mantuvo prácticamente sin cambios la cotización del hidrocarburo entre 2018 y 2021, mientras que en el sector privado el precio trepó de 18,22 a 20,94 pesos (entre 0,9 y 1,1 dólares) por kilogramo.

Con vistas a conseguir su meta, sin embargo, la Administración de AMLO se enfrentará de manera irremediable a las 'mafias gaseras': grupos criminales que se dedican a vender gas LP robado de los ductos de Pemex y que, a 'sangre y fuego', han logrado hacerse con el control territorial del mercado, advierten trabajadores y empresarios del sector.

Tomas clandestinas rompen récord
El robo de combustible se ha convertido en un dolor de cabeza para el actual Gobierno. De hecho, cuando comenzó la Administración de López Obrador, en diciembre de 2018, una de las primeras acciones fue combatir el robo de petróleo, práctica popularmente conocida como 'huachicol'.

A pesar del descontento popular por el desabasto de gasolinas en distintos puntos del país —debido a la apertura intermitente de la red de ductos—, el Gobierno no dio marcha atrás y, en apenas unos meses, la estrategia logró disminuir el robo del 'oro negro', así como normalizar el suministro de gasolinas. Sin embargo, la delincuencia y el crimen organizado encontraron en el robo de gas LP un nuevo refugio.

"Del robo de gasolinas se pasaron al robo de gas, pero ya estamos enfrentando este tipo de ilícito, y también lo del contrabando de gasolinas", declaró López Obrador en conferencia de prensa, el 6 de abril de este año.

El robo de hidrocarburos es un tema que preocupa a otros poderes de la Unión. A finales del año pasado, desde el Senado de la República se hizo un llamado al mandatario para articular una estrategia integral, con la participación de los tres niveles de Gobierno, con el objetivo de poner un alto.

El exhorto, presentado por la senadora Indira de Jesús Rosales —del Partido Acción Nacional (PAN)—, ya advertía del peligro que se avistaba si no lograba detenerse el robo de este hidrocarburo: aumento de la inseguridad y la violencia, desplome de las inversiones productivas en el sector, así como la pérdida de miles de empleos formales.

De acuerdo con datos revelados por la legisladora blanquiazul, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto el denominado 'gaschicol', como se le conoce popularmente al robo de gas LP, aumentó de forma exponencial. De 2012 a 2018 se registró un incremento de un 800% en las tomas del ducto principal de Pemex. Una situación inédita.

Las tomas clandestinas a lo largo del sexenio anterior se estiman en por lo menos 44.000, con pérdidas millonarias para la denominada "empresa productiva del Estado". Bajo el Gobierno de López Obrador, el robo de gas LP no ha disminuido. En cuanto a 2019, se calcula una pérdida de 13.000 millones de pesos (unos 650 millones de dólares).

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